29 Una economía política ciudadana

Barcelona 8 de Septiembre 2015

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA

Una Economía política ciudadana

   Los sufridos ciudadanos que estamos expuestos a los embates macro económicos promovidos por las altas esferas dominantes, aunque sirviéndose de la apatía y desidia mental de una parte de la sociedad que ni está educada ni pretende estarlo, porque eso le haría pensar e investigar, y por creer que los políticos de turno van a cumplir sus propuestas, y tales ciudadanos se apalancan en la comodidad del voto como única opción cada cuatro años; y así nos ha ido y nos va con la política de la corrupción hasta la fecha, sin tener más opción de veto que agotar una legislatura, y hacer nueva jurisprudencia de razón en nuestras decisiones políticas.

   Luego el juicio resultante a como somos legislados con nuestro voto (salvando la imposición macroeconómica exterior, a lo que también deberíamos hacer frente), puesto que podríamos decir: “cada pueblo solo tiene aquello que se merece sin derecho a quejarse”, por haber participado tanto directa como indirectamente en ello, y continuar no obstante con paciencia y constancia, reclamando sus justos derechos sin violencia, ya que sus deberes en el espíritu, son establecidos como Ley Divina, como propia y justa naturaleza participativa. Y que las Leyes aprobadas por los hombres son para cumplirlas, no para por conveniencia impuesta soslayarlas. Por eso hacemos aquí en este comunicado un pequeño bosquejo sobre algunos puntos básicos en cuanto a Leyes sociales que inciden sobre cualquier ciudadano y contribuyente.

   Actualmente en España, el impuesto mínimo según fecha, ronda entre un 14% y un 19% de I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que si establecemos comparaciones entre toda la escala del trabajo social, y como ciudadanos, tenemos derecho a reclamar una más justa paridad a la hora de tener que pasar cuentas de nuestros ingresos, al igual como lo hacen los grandes defraudadores con leyes no aprobadas por los ciudadanos, como la S.I.C.A.V. por ejemplo (Sociedad de Inversión de Capital Variable), avalada por C.N.M.V. ( la Comisión Nacional del Mercado de Valores), y con la posibilidad del fraude con los testaferros, se puedan ir de rositas con el 1%.

   Afortunadamente en el día de hoy, las fuerzas de la seguridad del estado, que también son ciudadanos votantes, ya están tomando parte en las cuestiones de gestión económica y en cuanto al fraude, para que los ciudadanos que no nos podemos acoger a tales manejos de ingeniería especulativa evasora, veamos que nuestros impuestos justificados están dando buen fruto en beneficio de la sociedad.

   Por todo ello, como representación de una gran parte de la ciudadanía, justificamos nuestro derecho legítimo con esta humilde exposición hacia una más justa economía política ciudadana en cuanto a impuestos, bienes y servicios, y sin pretender con esto, el tener definitiva palabra como planteamiento económico, aunque sí el exponer algunos puntos a tener en cuenta de forma global, pero haciendo hincapié como principio básico, en el “derecho de propiedad del suelo como usufructo” no como derecho total en el tiempo y su finiquito como herencia.

   Por eso mismo, en relación a los impuestos sobre inmuebles adquiridos por los ciudadanos particulares como primera y propia vivienda en uso demostrable, como poseedores del suelo (de la tierra) en cuestión, nunca deberían poseerla de cualquier otra forma como no fuera por su arrendamiento en el tiempo de su propia existencia: Por lo que en este caso no debería establecerse ningún impuesto. Y a partir de la segunda propiedad, los impuestos a tal fin se fueran incrementando. Y todo ello con el fin de rebajar el primer tramo impositivo del I.R.P.F. en todos los ciudadanos solamente a un 3%. Esto haría cambiar las perspectivas de la inversión de propiedad del suelo, como algo que el ser humano no ha creado, que es la propia naturaleza. Y sobre esta base nos pronunciamos para una mejor y justa paridad en los impuestos, y el ciudadano precario no tenga tanto agobio en sus justas necesidades.

   Si asumimos que los impuestos de los ciudadanos pueden ser recabados de dos maneras, 1º.__ Por medio del impuesto sobre la renta de la tierra, o sea, sobre el derecho de propiedad del suelo. Y 2º.__ Sobre el incremento del trabajo, la producción y el consumo.

   Sobre el 1º, el impuesto sobre la renta de la Tierra, no da pie a la especulación con la recalificación de la tierra y su posterior venta. Pues todos los ciudadanos por el hecho de serlo deben participar de la renta del suelo como su naturaleza, puesto que todos contribuyen colectivamente a crear tal demanda del suelo. Siendo estos impuestos sobre el suelo una potencial fuente de ingresos para los gastos comunitarios de forma estable, ya que el suelo no se puede evadir ni ocultar, ni menos evitar falseamientos de declaración de impuestos con la contabilidad inteligente.

   Y sobre el 2º, el impuesto sobre el trabajo y la producción (IAE, impuesto sobre actividades económicas), generan una gran disparidad en la distribución de la riqueza, invitando también a hacer préstamos abusivos de dinero.

   Para conseguir la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.), utilizando el método del impuesto sobre el suelo, hay dos impuestos sobre los cuales se puede gravar para compensar, y es el I.B.I. (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el Valor catastral. Pero esto no ha sido bien acogido por el ciudadano, porque exige unidad de pensamiento solidario político, y una cultura de base de la ciudadanía en economía política; agravado esto con los cambios de gobierno en el estado de derecho, puesto que los partidos políticos gobernantes de turno, no se atreven a llevar adelante los cambios sociopolíticos que exigen planteamientos de progreso social humanista. Por eso fuera preciso el establecimiento de algunos puntos a seguir, en los cuales no pudieran ser cambiados con los nuevos partidos de gobierno, poniéndolos en la Constitución, porque es una vergüenza el incumplimiento de sus artículos sin que existan responsabilidades. Por lo tanto hay que dar a la ciudadanía el derecho Constitucional de veto a los partidos políticos, cuando engañen e incumplan sus propuestas con excusas y justificaciones, dando la cara a sus ciudadanos que les votaron, puesto que el voto democrático solamente lo es en base a programas y no a cheques en blanco que nos humillan.

 P.D. Si alguno tiene una más y mejor proposición para añadir a esta forma práctica de establecer una Democracia Social Humanista Universal, bien venido sea.

Iostako Maraltrix